Las cloacas de Benalmádena

No me refiero al hecho cierto de que, pese a su vocación turística, Benalmádena Pueblo vierta sus aguas fecales al mar, negligencia responsabilidad de Emabesa y de los gobierno municipales desde el principio de los tiempos.

por Félix Gil, Periodista

Es menos visible pero mucho peor, porque la corrupción y el juego de intereses entre funcionarios del ayuntamiento, los políticos que lo gobiernan y las empresas constructoras que se benefician de contratos que incumplen a cambio de financiar las campañas de los partidos, minan la confianza de los ciudadanos en la institución democrática más directamente responsable de que los servicios indispensables funcionen.
El aire, el agua, la tierra…los elementos fundamentales para nuestra vida son de exclusiva competencia municipal. El ayuntamiento regula el tráfico y puede hacer que respiremos un aire mejor o peor, tiene asignado el servicio de agua a los vecinos y decide, mediante sus decisiones urbanísticas, si tendremos o no tierra por donde andar.
Poe ello, tenemos que destacar y no mirar hacia otro lado la gravedad de la suspensión del juicio oral que esta semana iba a desarrollarse en la sección tercera de la Audiencia de Málaga, donde iban a sentarse en el banquillo un funcionario municipal y dos de los empresarios que, en los años 2009 y 2010, están acusados de apropiarse de más de 630.000€ del Ayuntamiento por el procedimiento de cobrar obras que no se hicieron, duplicar facturas o, en una palabra, robarnos a todos y mantener Benalmádena por debajo de lo que sus contribuyentes pagan.
Esos años fueron un constante desgobierno, con mociones de censura y cambios de alcalde, por lo que lo primero que debemos hacer es no alimentar la existencia de grupos de familias que buscan en el municipio su exclusivo interés, que luego se vuelve en contra del de todos. Hemos de destacar por ello la última legislatura y el acuerdo del pentapartito como una solución mediocre a los problemas de los vecinos pero en si misma conveniente por haber mantenido un gobierno y acabar con el caldo de cultivo en el que se facilita el robo a gran escala. Porque el juicio al que nos referimos solo es uno de los seis que siguen instruyéndose por hechos análogos.
En Benalmádena, aunque las leyes marcan unos topes máximos de gasto en las campañas electorales ( para 2019 son menos de 30.000€ para cada partido o coalición ), en los años que comentamos, con la corrupción desbocada en todo el país, especialmente por parte del PP, se han hecho campañas de 200.000€ cuyos financieros, como COGILCO, una de las empresas afectadas, no se ocultaban, financiando vallas y hasta un cartel, que creo que a todos nos abochornó, de la cara de una candidata de siete pisos de alto.
Con una oportuna enfermedad de un letrado, en España es legal suspender un juicio. Y como no son pocos los delitos que se cometen y muchas las argucias legales que nuestra vieja ley de procedimiento del siglo XIX permite, el juicio ya no tendrá lugar en 2019, pues otros pasarán por esa sala.
Tenemos obligación de, hasta que no haya condena, presumir la inocencia de los acusados por el fiscal, pero eso no debe confundirse ni con el silencio ni con el olvido.
Cada vez que pasemos por la circunvalación de la Calle Finoso y veamos su suelo de tierra, debemos recordar que se pagó allí un acerado que no hay.
La entrad del polígono industrial está muy mal. Pero se pagó para mejorarla.
La Plaza de Andalucía no ha sido remodelada, aunque se pagó la obra.
La calle Las Flores ahora está bien, pero porque Diputación la arregló hace menos de un año. El dinero que iba a su reforma el Ayuntamiento lo pagó pero la reforma no se hizo en 2010.
El entorno de los edificios Gamonal y Sagitario siguen mal, pero tenían que estar bien.
Cuidado con la escalera del recinto ferial, también carente de mejora. Y lo mismo con la escalera de la calle Albaicin y del Generalife.
La balaustrada del Paseo Marítimo sufrió también la actuación de los depredadores. Paseen y vean como hay una parte aceptable y otra no. Pero se pagó.
Y de todo ello hay responsables. No condenados pero acusados. Y llama la atención que uno que no está acusado se haya prestado a acudir como testigo de la defensa: el que era alcalde en parte de aquellos años, Enrique Moya, del PP, lo que llama la atención por cuanto el papel de un alcalde debería ser tratar de recuperar el dinero desviado.
El que fuera alcalde Sr. Carnero, por el contrario, es testigo de la defensa junto con funcionarios municipales, lo que evidencia que, si existe alguna vez un juicio y una condena, es porque hay personas que defienden los intereses de todos y se ganan con ello el sueldo que les pagamos.