Los delincuentes no van a la cárcel

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Ana, Carlos, Francisco, Sara, Pedro, María y otros 40 millones de habitantes deberán pagar una multa de 12 millones de euros más otra de casi dos millones de euros al mes porque siete delincuentes que dirigen los ayuntamientos de Gijón, Peñiscola, Nerja, Coin, Alhaurin el Grande, Isla Cristina, Bárbate, Tarifa y Matalascañas…

Por Victoria Gil

Los unos son anónimos ciudadanos/as españoles que pagan sus impuestos. Los otros los elegidos por sus municipios para dirigir ayuntamientos que, a sabiendas, ya les habían advertido cuatro veces antes, han incumplido la normativa comunitaria en materia de reciclado del agua. Y no solo es la multa. Los políticos en cuestión han puesto, siguen poniendo en riesgo la salud de sus vecinos.
Y no solo ellos, los concejales/as que les acompañan en sus equipos de Gobierno y quienes tienen capacidad de controlarles: diputaciones, gobiernos autonómicos, y el gobierno central. No el actual, por supuesto que lleva un mes en el cargo, el Gobierno de Mariano Rajoy que ha tenido siete años, alguno menos que Susana Díaz, con siete municipios en el listado delictivo, sin que hacer nada para remediar un entuerto que deberán pagar de sus bolsillos la ciudadanía de toda España.
España conjuga así la condición de país europeo más sancionado con la de país más corrupto de Europa. No debe ser casualidad.
Solo en los últimos cinco años, España ha tenido que pagar más de 100 millones de a la UE. En este caso por una normativa que data de 1991. Hace 27 años, la UE establecía que los municipios de más de 15.000 habitantes tenían que cumplir con una serie de requisitos sobre colectores y tratamiento para evitar que se vertieran aguas residuales sin control a los ríos o mares.

España no cumplió ni en 2001 ni en 2010. La Comisión Europea demandó entonces al país ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y España fue condenada en 2011 por el incumplimiento en 37 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes.
La Comisión dio a España un nuevo plazo para que esos 37 municipios cumplieran. El plazo expiró el 31 de julio de 2013. Diecisiete municipios con más de un millón de habitantes seguían sin depurar correctamente. Ahora han sido nueve que caso 30 años después han sido incapaces de hacer su trabajo.
Una prueba más de la incompetencia que anida en las instituciones públicas. Y que no se diga que las instituciones superiores, especialmente autonomía y gobierno central no tienen la posibilidad de actuar. Tanto una como otro entregan millones de euros a los ayuntamientos para atender las necesidades ciudadanas. ¿Qué necesidad más imperiosa que la salud?
Es imprescindible una reforma del código penal. No tiene sentido que se castigue con años de cárcel por robar en un supermercado y quienes asaltan el tesoro público se mantengan en sus cargos. Algo funciona mal. Muy mal.
Ana, Carlos, Francisco, Sara, Pedro, Marían o pueden pagar la multa de los siete delincuentes.

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